Los pactos para el Senado ganan peso ante el 29-N por un sistema que premia la concentración del voto

El acuerdo entre el PSOE y el Frente Amplio para presentar una candidatura conjunta al Senado en las elecciones generales del 29-N ha abierto una negociación entre el PP y Vox para coordinar también sus candidaturas. La composición de la Cámara Alta ocupa un lugar destacado en la estrategia de ambos bloques: su sistema electoral favorece la concentración del voto y una mayoría absoluta permite condicionar la tramitación legislativa y ejercer un amplio control sobre el Ejecutivo.

El PSOE y el Frente Amplio anunciaron su pacto el viernes, poco antes de que concluyera el plazo para registrar coaliciones, con el propósito de impedir que el PP revalide su mayoría absoluta. Una vez cerrado ese plazo, populares y Vox estudian otras fórmulas para evitar una mayoría de izquierdas. Las opciones pasan por incorporar candidatos de Vox a las listas del PP o por que la formación de Santiago Abascal no se presente en determinadas circunscripciones. Ambos partidos han expresado su disposición a realizar concesiones.

Un reparto que favorece al primero

En los próximos comicios se elegirán directamente 209 senadores. Cada provincia peninsular dispone de cuatro puestos; Gran Canaria, Tenerife y Mallorca, de tres cada una, y Ceuta y Melilla, de dos. Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma eligen uno por isla. A estos representantes se suman los designados por los parlamentos autonómicos: uno por comunidad y otro adicional por cada millón de habitantes. Por ello, el tamaño total del Senado no es fijo.

La votación funciona de manera distinta a la del Congreso. El elector no escoge una lista cerrada, sino que marca nombres en una papeleta que reúne a los candidatos de las diferentes formaciones. Puede seleccionar tres, dos o uno, según la circunscripción. En las provincias peninsulares, el resultado habitual es que la candidatura más votada obtenga tres senadores y la segunda, uno. Ese reparto, alejado de la proporcionalidad, explica el interés por los pactos: competir por separado dentro de un mismo bloque puede dificultar alcanzar la primera posición y reducir notablemente su representación.

Una mayoría con capacidad de presión

Aunque corresponde al Congreso investir al presidente del Gobierno y ejercer las principales funciones legislativas y de control, el Senado dispone de instrumentos relevantes. Cuando recibe una ley aprobada por la Cámara Baja, cuenta con dos meses para darle su visto bueno, introducir cambios o vetarla. El veto exige mayoría absoluta y no es definitivo: el Congreso puede superarlo con esa misma mayoría o, transcurridos dos meses, por mayoría simple. También decide por mayoría simple si acepta las enmiendas. Los senadores, además, pueden impulsar proposiciones de ley mediante un grupo parlamentario o con la firma de 25 miembros.

La Cámara Alta también examina los presupuestos generales del Estado, puede modificarlos o vetarlos y tiene capacidad para requerir la presencia de integrantes del Gobierno, formular preguntas e interpelaciones y constituir comisiones de investigación. Sus competencias se extienden a la autorización de acuerdos de cooperación autonómica y a la aprobación, por mayoría absoluta, de las medidas previstas en el artículo 155 de la Constitución, aplicado en Catalunya en 2017. Asimismo, participa en la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, diez vocales del Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo, entre otros nombramientos.

El precedente de la amnistía

Durante esta legislatura, el PP ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para hacer frente al Gobierno y a la mayoría progresista del Congreso. Uno de los episodios más destacados fue el veto a la ley de amnistía, que la Cámara Baja levantó posteriormente para aprobarla de forma definitiva. Los populares también modificaron el Reglamento para permitir que la Mesa decidiera si mantenía la tramitación urgente de los textos remitidos por el Congreso o los sometía al plazo ordinario de dos meses, una facultad utilizada con esa ley.

La tramitación de la amnistía motivó, además, el primer conflicto formal de atribuciones planteado por el Senado frente al Congreso en la etapa democrática. Estos antecedentes explican el interés de los partidos por el resultado de la Cámara Alta. De cara al 29-N, las negociaciones entre PP y Vox deberán concretar si optan por integrar candidatos o por evitar la competencia en determinadas circunscripciones, después de que el PSOE y el Frente Amplio hayan acordado concurrir juntos.

Claves: - PSOE y Frente Amplio han pactado una candidatura conjunta; PP y Vox negocian cómo coordinarse. - El reparto habitual en las provincias peninsulares concede tres senadores al primero y uno al segundo. - El Senado puede enmendar y vetar leyes, aunque el Congreso conserva la decisión final. - La mayoría absoluta del PP ha marcado la actividad de la Cámara Alta durante esta legislatura.