La Audiencia Nacional rastrea un préstamo a la pareja de Ábalos por posible blanqueo en el caso Koldo

La Audiencia Nacional investiga si un préstamo de unos 130.000 euros utilizado por Andrea de la Torre, pareja de José Luis Ábalos, para cancelar una hipoteca está relacionado con las presuntas comisiones ilegales del caso Koldo. La operación afecta a un local comercial transformado en vivienda en el barrio madrileño de Vallecas. Su financiación es una de las líneas de una pieza separada que permanece bajo secreto y examina el posible blanqueo de fondos procedentes de adjudicaciones públicas amañadas.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegaron este jueves una operación con registros, solicitudes de documentación y seis detenciones en Valencia, Córdoba, Madrid y Sevilla. Entre los arrestados estaban De la Torre y Cristian Corvillo, vinculado anteriormente al PSOE y mencionado en informes previos de la investigación. Todos quedaron en libertad por la tarde, pendientes de que el juez los cite a declarar. En esta pieza se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales.

El préstamo para cancelar la hipoteca

Las pesquisas sobre el inmueble de Vallecas se centran en la intervención de una sociedad vinculada a Corvillo. Esta mercantil habría aportado el dinero con el que De la Torre canceló el crédito hipotecario de una propiedad suya. Los investigadores examinan esa financiación para determinar si existe una conexión con los fondos que la presunta trama habría obtenido mediante la manipulación de contratos de obra pública.

Una posible explicación de la operación sitúa su origen en la retirada de Ábalos como avalista de la hipoteca que De la Torre tenía con BBVA, después de que comenzaran los problemas judiciales del exministro. Según esa versión, la necesidad de sustituir el aval habría llevado a recurrir a la financiación vinculada a Corvillo. De la Torre estaría devolviendo el préstamo mediante mensualidades sufragadas con el alquiler del local, tras haberse trasladado a la vivienda de Ábalos en Valencia después de su ingreso en prisión.

Contratos de Transportes bajo examen

El magistrado Ismael Moreno abrió esta pieza a partir de un informe de la UCO sobre supuestas irregularidades en adjudicaciones del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos y el eventual lavado de las comisiones. Las declaraciones judiciales del empresario Víctor de Aldama también están en el origen de estas pesquisas. Para reconstruir los movimientos de dinero, los agentes han solicitado documentación a Adif, a otros organismos y a constructoras, entre ellas Azvi.

En Adif, el requerimiento fue atendido sin que se practicara un registro. La documentación solicitada corresponde a licitaciones de 2018, adjudicadas en 2019, cuyas obras terminaron entre 2021 y 2022. Durante ese periodo, la empresa pública estaba presidida por Isabel Pardo de Vera, ya investigada por su presunta participación en las adjudicaciones irregulares atribuidas a Koldo García y Ábalos.

Los agentes también acudieron al domicilio valenciano del exministro y a la sede de Azvi. Aldama atribuyó a esta constructora el pago de comisiones a cambio de contratos, incluido un abono de 18.000 euros en octubre de 2019 a una sociedad vinculada a él que, según su declaración, respondía a una intermediación. Los responsables de Azvi no están imputados. La empresa contrató a Koldo García como consultor después de su salida de Transportes, con una remuneración fija de 6.000 euros mensuales y una comisión por conseguir contratos.

La investigación continuará con el examen de la documentación recabada y las citaciones judiciales de los seis detenidos que quedaron libres. El análisis de los préstamos, las relaciones empresariales y las adjudicaciones deberá esclarecer si las operaciones examinadas sirvieron para canalizar dinero de origen ilícito.

Claves: - La UCO examina un préstamo de unos 130.000 euros para cancelar la hipoteca de un inmueble de De la Torre. - Los seis detenidos quedaron en libertad, pendientes de comparecer ante el juez. - La pieza investiga posibles delitos de blanqueo, tráfico de influencias y organización criminal. - Adif y Azvi recibieron requerimientos de documentación sobre contratos y operaciones bajo investigación.