Junqueras, Romeva, Turull y Bassa reciben la amnistía por malversación tras el aval del Constitucional

El Tribunal Supremo ha acordado amnistiar la malversación por la que fueron condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa en el proceso judicial del procés. La resolución adopta el criterio del Tribunal Constitucional, que había respaldado la aplicación de la medida a este delito.

La decisión afecta al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Junqueras, y a tres antiguos consejeros del Gobierno catalán. Los cuatro quedan incluidos en la aplicación de la ley por sus condenas por malversación, dos años después de que la norma entrara en vigor.

El pronunciamiento del Constitucional ha sido determinante para esta resolución. El tribunal de garantías avaló que la amnistía alcanzara la malversación de estos dirigentes, y el Supremo ha asumido ahora esa interpretación al resolver sus casos.

Ese acatamiento va acompañado, sin embargo, de reproches al Constitucional. El alto tribunal cuestiona el tono de la sentencia redactada por Conde-Pumpido, al considerar que emplea una retórica excesiva e innecesaria. También entiende que la decisión del tribunal de garantías se adentra indebidamente en su ámbito de actuación.

La resolución combina así la aplicación de la doctrina constitucional con una discrepancia expresa sobre los términos y el alcance de la intervención del Constitucional. Las críticas del Supremo no impiden que conceda la amnistía a los cuatro antiguos miembros del Ejecutivo catalán.

Con este acuerdo, el aval del Constitucional se traduce en la aplicación de la ley a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa por malversación. La decisión concreta para los cuatro dirigentes el alcance de la amnistía sobre ese delito.

Claves: - El Supremo aplica la amnistía a Junqueras y a los exconsejeros Romeva, Turull y Bassa. - La resolución sigue el criterio del Constitucional sobre la malversación. - El alto tribunal mantiene sus reproches al tono y al alcance de la sentencia constitucional. - El acuerdo llega dos años después de la entrada en vigor de la ley.