Bruselas estudiará la denuncia de Junts contra la regularización de migrantes en España

La Comisión Europea ha admitido la queja presentada por Junts contra la regularización de migrantes aprobada en primavera por el Gobierno de Pedro Sánchez y examinará si la medida respeta el derecho de la Unión Europea. El análisis podría desembocar en un procedimiento de infracción contra España, pero no supone la suspensión del real decreto ni la retirada de los permisos de residencia concedidos a su amparo.

La Dirección General de Migración y Asuntos Interiores será la responsable de examinar la denuncia. En su respuesta a la formación independentista, el Ejecutivo comunitario comunica que estudiará sus objeciones y que le trasladará información sobre la evolución del expediente. La admisión de la queja abre así una fase de evaluación, sin que implique una conclusión sobre la legalidad de la regularización.

Las objeciones de Junts

Junts anunció en abril su intención de acudir a las instituciones europeas. Entre sus principales críticas figuraba que la regularización no incorporase el catalán como elemento de arraigo ni exigiese su conocimiento en Catalunya. La denuncia definitiva, registrada en julio, amplió los motivos de impugnación e incluyó cuestiones jurídicas relacionadas con las condiciones para acogerse al proceso.

En concreto, el partido cuestionó que pudieran acceder a la regularización personas con una petición de asilo todavía pendiente de resolución. También objetó que se dejara de ejecutar la expulsión de personas sobre las que ya existían órdenes dictadas por tribunales españoles. Bruselas deberá valorar estas alegaciones para determinar si existe algún incumplimiento de la normativa comunitaria.

Los antecedentes políticos

La reclamación se enmarca en las iniciativas que Junts ha impulsado durante el último año para vincular el conocimiento del catalán con los procedimientos de extranjería. La formación ha promovido propuestas parlamentarias para que la lengua se tenga en cuenta como factor de arraigo y sea una condición para renovar la residencia. También pretendía introducir estos criterios en la legislación catalana si hubiera salido adelante el traspaso de competencias de inmigración a la Generalitat, que finalmente no prosperó.

El partido de Carles Puigdemont también estaba dispuesto a respaldar una enmienda del PP en el Senado a la ley contra la multirreincidencia. Esa propuesta endurecía las condiciones de acceso a la regularización e incluía la exigencia de un certificado de antecedentes penales. El Gobierno la vetó en el Congreso y no llegó a votarse, aunque posteriormente incorporó esa condición a instancias del Consejo de Estado.

Qué puede ocurrir ahora

El siguiente paso será el examen de la denuncia por parte de la Comisión. Si aprecia motivos para actuar, el proceso puede incluir un intercambio informal con las autoridades españolas mediante el mecanismo EU Pilot y derivar en un expediente de infracción. Una eventual actuación comunitaria podría obligar a España a cambiar su legislación, sin anular los permisos de residencia ya obtenidos mediante la regularización.

El artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Comisión debe permitir al Estado presentar sus observaciones antes de emitir un dictamen motivado por un posible incumplimiento. Si el país no se ajusta a ese dictamen dentro del plazo fijado, Bruselas puede acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Llegar a esa instancia y completar el recorrido judicial puede requerir varios años.

Claves: - La Comisión examinará si la regularización española vulnera la normativa europea. - Junts cuestiona la ausencia de requisitos lingüísticos y varias condiciones jurídicas del proceso. - El análisis no suspende el decreto ni revoca las autorizaciones de residencia concedidas. - Un eventual procedimiento podría exigir cambios legales y terminar ante la justicia europea.