La Fiscalía descarta indicios de cohecho y archiva la denuncia por el viaje de Ayuso a México

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado este lunes archivar la denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la financiación de su viaje institucional a México, realizado del 2 al 11 de mayo de 2026. La fiscal no aprecia elementos objetivos que permitan sostener que la dirigente recibió y aceptó una dádiva o un beneficio en atención a su responsabilidad pública.

La resolución considera insuficientes las discrepancias entre los gastos difundidos en el Portal de Transparencia y las dudas planteadas sobre el pago de otros conceptos del desplazamiento. Según su razonamiento, esas circunstancias no acreditan por sí mismas que alguien ajeno a la Administración asumiera desembolsos que pudieran constituir un delito de cohecho. La fiscal concluye que los hechos expuestos en la denuncia no ofrecen una base penal suficiente.

La denuncia fue registrada el 21 de agosto de 2026 por Francisco Javier Flores Vaquerizo y se refería a un posible delito previsto en el artículo 422 del Código Penal. El escrito señalaba que la información publicada por la Comunidad de Madrid incluía solo dos gastos correspondientes al viaje de Ayuso, que sumaban 623,28 euros. Contrastaba esa cifra con los importes superiores declarados por otros miembros de la delegación en partidas de transporte, estancia y manutención.

A partir de esa comparación, de noticias y de manifestaciones públicas, el denunciante sugería que una persona o entidad podría haber pagado una parte del desplazamiento de la presidenta. Entre las posibilidades que planteaba estaban los organizadores de los Premios Platino y otras entidades relacionadas con el viaje. La Fiscalía considera que esas hipótesis no aportan indicios objetivos de un pago delictivo ni de que Ayuso hubiera aceptado conscientemente una ventaja ligada a sus funciones.

Para comprobar sus sospechas, el denunciante pedía 23 bloques de diligencias. Las solicitudes abarcaban facturas, reservas de avión y alojamiento, documentación económica y fiscal, comunicaciones, correos electrónicos y testimonios. El objetivo era reconstruir la financiación del desplazamiento y determinar si se había producido una prestación que pudiera tener consecuencias penales.

La fiscal rechaza ese planteamiento porque entiende que las actuaciones propuestas buscaban descubrir si había existido un delito, en vez de investigar una conducta apoyada previamente en indicios concretos. En su valoración, las dudas sobre la información pública no justifican una pesquisa penal de carácter general. También distingue entre la eventual existencia de una irregularidad administrativa y los requisitos necesarios para sostener una sospecha de cohecho.

El decreto cuestiona, además, la proporcionalidad de las diligencias solicitadas. Algunas afectaban a información bancaria, tributaria y económica de terceros, así como a relaciones de otros ejercicios. La Fiscalía considera excesivo ese alcance respecto a los hechos planteados y a los elementos aportados para fundamentar la denuncia.

Con el archivo, la Fiscalía da por concluida la tramitación de esta denuncia sin impulsar las actuaciones reclamadas. La decisión se apoya en la insuficiencia de los indicios penales: las diferencias entre las cantidades publicadas y las sospechas sobre posibles pagos no bastan para abrir la investigación solicitada.

Claves: - La denuncia se refería al viaje institucional de Ayuso a México del 2 al 11 de mayo de 2026. - El denunciante comparaba los 623,28 euros publicados para la presidenta con gastos superiores de otros integrantes de la delegación. - La Fiscalía no aprecia indicios objetivos de una ventaja aceptada por Ayuso en atención a su cargo. - El decreto rechaza los 23 bloques de diligencias solicitados por su carácter exploratorio y su amplitud.