Los inspectores de Hacienda alertan de la desconfianza fiscal y cuestionan las sanciones automáticas

El rechazo a los impuestos y el deterioro de la confianza en la Agencia Tributaria preocupan a los inspectores de Hacienda. El XXXVI Congreso Anual de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado en Toledo, ha situado ambos problemas en el centro del debate. Los participantes han señalado diversos factores que alimentan esa distancia con los contribuyentes: la complejidad de las normas, las deficiencias en la gestión del dinero público y una relación con la Administración que parte de la ciudadanía considera desequilibrada.

Aunque la desafección fiscal sigue siendo minoritaria, las encuestas muestran que tiene un alcance relevante. Según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre política fiscal, uno de cada cuatro encuestados entiende los tributos como una obligación cuyo retorno no identifica con claridad. Entre las personas de 25 a 44 años, esa proporción alcanza aproximadamente un tercio. Otro estudio del Instituto de Estudios Fiscales también refleja el cuestionamiento de los beneficios de contribuir al sistema.

Normas difíciles y malestar con la Administración

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y expolítico, vinculó parte del desgaste de la Agencia Tributaria al desconocimiento sobre el reparto de responsabilidades públicas. A su juicio, el organismo acaba recibiendo el malestar de los ciudadanos porque es quien les reclama el pago, aunque las decisiones que provocan ese descontento no dependan necesariamente de él. Su diagnóstico apunta a una confusión entre la función de recaudar y otras competencias relacionadas con los impuestos.

Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, planteó que no se está explicando suficientemente la relación entre la recaudación y el sostenimiento del Estado del bienestar. También advirtió de que el carácter técnico de la actuación tributaria puede hacer que los ciudadanos se sientan desprotegidos y perciban las inspecciones como desproporcionadas. Por su parte, Ignacio Arráez Bertolín, vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, reclamó una mejor elaboración de las normas como paso previo para fortalecer la conciencia tributaria.

La discusión no se limitó a cómo se cobran los impuestos. María José de la Fuente, expresidenta y letrada del Tribunal de Cuentas, destacó el efecto que tienen el despilfarro y las ineficiencias del gasto sobre la disposición a contribuir. Según explicó, la percepción de que los recursos públicos se administran adecuadamente resulta determinante para que los ciudadanos consideren que pagar impuestos merece la pena.

Críticas al régimen sancionador

Las conclusiones del congreso recogen asimismo la inquietud de los inspectores por la pérdida de credibilidad de la Agencia Tributaria. La asociación advierte de que se ha extendido la impresión de que el organismo está condicionado políticamente y no mantiene la misma exigencia con los contribuyentes más influyentes que con el resto. Se trata de una percepción que denuncia el colectivo, que también atribuye parte del deterioro reputacional a las carencias en la comunicación de la institución.

Los inspectores cuestionan además la aplicación casi sistemática de sanciones asociadas a las liquidaciones tributarias, especialmente en el área de Gestión. En su documento sostienen que, durante años, la mayoría de las resoluciones administrativas y judiciales sobre esta materia han favorecido a los contribuyentes y anulado las penalizaciones. El motivo que señalan es que la Administración no había justificado suficientemente la culpabilidad necesaria para sancionar.

Las propuestas planteadas en Toledo sitúan la recuperación de la confianza en varios frentes: mejorar las normas, explicar la utilidad social de los impuestos, cuidar la gestión del gasto y revisar las prácticas sancionadoras cuestionadas. Para los participantes, el desafío no consiste únicamente en recaudar, sino también en reforzar la percepción de que el sistema actúa con equilibrio y de que la contribución ciudadana tiene una utilidad reconocible.

Claves: - El rechazo fiscal es minoritario, pero alcanza una dimensión significativa en las encuestas. - Los expertos relacionan la desafección con la complejidad normativa y la gestión del gasto público. - Los inspectores alertan del daño que causa la percepción de un trato desigual entre contribuyentes. - El colectivo cuestiona las sanciones impuestas sin justificar suficientemente la culpabilidad.