CEOE recurrirá la huelga por la vivienda del 11 de noviembre al atribuirle un carácter electoral

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado este lunes que la patronal impugnará la huelga general por la vivienda convocada por los sindicatos para el 11 de noviembre. El dirigente empresarial sostiene que la movilización tiene una finalidad política y electoral, aunque su convocatoria incorpore reivindicaciones laborales. El anuncio se ha producido durante la clausura de los premios ATA al Autónomo del Año, celebrados en Madrid.

Garamendi ha defendido que las cuestiones relacionadas con el trabajo incluidas en la convocatoria no cambian, a su juicio, la naturaleza de la protesta. También ha rechazado que las empresas sean responsables del encarecimiento de la vivienda o del aumento de la inflación. En su intervención, ha pedido evitar una escalada de tensión en las calles y garantizar que quienes decidan no sumarse a los paros puedan continuar con su actividad laboral.

La impugnación anunciada por CEOE no supondría por sí misma la suspensión de la huelga. La patronal puede recurrir a los tribunales para discutir su legalidad, pero cualquier efecto sobre la jornada de protesta dependerá de la decisión judicial y del momento en que se produzca. Si la resolución llega antes del 11 de noviembre, podría tener consecuencias sobre la convocatoria; si se dicta después, sus efectos serían posteriores a los paros.

Diálogo sobre vivienda y críticas a los costes laborales

En relación con el acceso a la vivienda, el presidente de CEOE ha defendido que se trata de un problema que requiere abordar distintas cuestiones y contar con la participación empresarial. Ha reclamado abrir un diálogo para buscar soluciones y ha recordado que el sector lleva tiempo solicitando que las partes se sienten a negociar. Esa petición ha acompañado a su rechazo a la movilización sindical.

El dirigente también ha recuperado varias de las críticas económicas que la patronal viene planteando desde la pandemia. Entre ellas, ha señalado el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social y la negativa del Gobierno a ajustar la tarifa del IRPF a la inflación. Según los cálculos que ha expuesto, el coste para los trabajadores asociado a estas cuestiones asciende a 17.000 millones de euros.

Otro de los asuntos abordados ha sido la previsión de una nueva subida del salario mínimo interprofesional antes de las elecciones. Garamendi considera que no es el momento de aprobarla, dado que el SMI ya aumentó en febrero. El comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo ha comenzado a elaborar la propuesta que presentará la vicepresidenta segunda, con un plazo que se extiende hasta el puente de Todos los Santos, aproximadamente dos semanas.

Rechazo a la renovación del CES

Garamendi ha cuestionado, además, la decisión del Ministerio de Trabajo de renovar el Consejo Económico y Social con las elecciones ya convocadas. Desde su perspectiva, la medida interfiere de manera injustificada en las competencias de las organizaciones empresariales y carece de respaldo jurídico. La renovación de este órgano, en el que participan sindicatos, empresarios y representantes de la sociedad civil, llevaba dos años pendiente.

Con el nuevo reparto, CEOE y Cepyme pasarán de contar conjuntamente con 20 puestos a disponer de 18, mientras que Pimec y Pimeb ganarán esos dos asientos. La patronal afronta así varios frentes de discrepancia con Trabajo, entre la composición del CES y la revisión del salario mínimo. En paralelo, su anunciado recurso contra la huelga trasladará a los tribunales la discusión sobre la legalidad de la convocatoria del 11 de noviembre.

Claves: - CEOE anuncia que impugnará la huelga por la vivienda al considerar que persigue fines electorales. - La presentación del recurso no paralizaría automáticamente la convocatoria del 11 de noviembre. - Garamendi reclama diálogo con los empresarios para abordar el problema de la vivienda. - La patronal cuestiona otra subida del SMI y la renovación del Consejo Económico y Social.