La suspensión de la cúpula del Constitucional agrava el choque institucional en Polonia

La suspensión del presidente del Tribunal Constitucional polaco, Bogdan Swieczkowski, y de su vicepresidente, Bartlomiej Sochanski, ha desencadenado una nueva crisis institucional. Las protestas convocadas por el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) llevaron el viernes por la noche a la intervención policial en el recinto del tribunal. Mientras la oposición acusaba al Gobierno de Donald Tusk de impulsar una ruptura del orden constitucional, el presidente del país, Karol Nawrocki, interrumpía su viaje a Senegal para regresar a Varsovia.

La jueza constitucional Anna Korwin-Piotrowska anunció a la televisión pública TVP Info que había ordenado la suspensión de ambos responsables. La magistrada, con el mandato más extenso en la institución, recurrió para ello al artículo 130 de la Ley del Régimen de los Tribunales Ordinarios. Tanto ella como el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Zurek, solicitaron protección policial para los jueces y los trabajadores que permanecían en la sede ante la concentración de manifestantes.

La policía explicó que sus agentes accedieron al recinto después de que se registraran incidentes frente al tribunal, incluido el lanzamiento de objetos peligrosos. Negó, sin embargo, haber entrado en el edificio y defendió que su actuación respetaba la independencia de la institución. PiS cuestionó tanto la suspensión de los magistrados como el despliegue policial, que presentó como parte de un golpe contra las instituciones.

La confrontación alcanza a la Presidencia

El dirigente de PiS, Jaroslaw Kaczynski, participó en las protestas y sostuvo que lo ocurrido suponía una agresión al Constitucional. También afirmó que el país avanzaba hacia un modelo policial y autoritario. A esas críticas se sumó Slawomir Mentzen, colíder de la formación de extrema derecha Konfederacja, quien reclamó a Nawrocki la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional al considerar que la situación había sobrepasado los límites de una disputa constitucional.

Nawrocki, próximo a PiS, comunicó en redes sociales que su presencia en Polonia era necesaria y decidió dar la vuelta al avión en el que viajaba a Senegal. Ya en Varsovia, recibió a Swieczkowski en el palacio presidencial. Tusk, por su parte, defendió la necesidad de actuar con firmeza para recuperar las garantías del Estado de derecho. El primer ministro vinculó las dificultades de ese proceso a la gestión anterior de los ultraconservadores.

Una disputa judicial que se prolonga desde hace una década

El enfrentamiento tiene antecedentes en una década de pugna por el control y la legitimidad del Constitucional. Su politización comenzó durante un mandato anterior de Plataforma Cívica, el partido de Tusk, y se intensificó bajo los gobiernos de PiS. En 2015 fueron nombrados tres magistrados para plazas que, según distintas resoluciones judiciales, ya había cubierto legalmente el Parlamento precedente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó en 2021 que aquellas designaciones incumplieron reglas fundamentales del procedimiento de elección.

Durante las legislaturas ultraconservadoras, el tribunal adoptó decisiones que provocaron una fuerte controversia, como anteponer el derecho nacional al europeo o restringir el aborto hasta hacerlo prácticamente inaccesible. El deterioro de las garantías judiciales llevó a la Comisión Europea a retener miles de millones de euros destinados a Polonia. Esos recursos empezaron a liberarse en 2024, después de que Tusk asumiera el Gobierno en diciembre de 2023 con el compromiso de reconstruir el Estado de derecho.

El Ejecutivo de coalición liberal dejó de acatar las resoluciones del Constitucional al negar su legitimidad, dada la mayoría de magistrados elegidos por PiS. También mantuvo inicialmente sin cubrir las vacantes mientras buscaba acuerdos entre partidos, como reclamaban organizaciones independientes. Sus reformas legislativas, entretanto, han encontrado la resistencia de la Presidencia, primero con Andrzej Duda y después con Nawrocki.

El conflicto más reciente surgió tras los relevos de principios de este año: Nawrocki rechazó tomar juramento a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento y Swieczkowski impidió que asumieran sus funciones. La suspensión de la cúpula añade ahora otro frente a ese bloqueo. Con la legislatura prevista para concluir el próximo año, el desarrollo de las reformas judiciales de Tusk sigue condicionado por el enfrentamiento entre el Gobierno, la Presidencia y el Constitucional.

Claves: - Una jueza del Constitucional ordenó suspender al presidente y al vicepresidente del tribunal. - La policía acudió para proteger a magistrados y trabajadores y negó haber entrado en el edificio. - Nawrocki regresó de su viaje a Senegal y recibió al presidente suspendido. - La crisis prolonga una década de conflictos por los nombramientos judiciales y la legitimidad del tribunal.