PP y Vox mantienen la identificación de Bildu con ETA años después de la disolución de la banda

ETA puso fin a su actividad terrorista en 2011 y se disolvió en 2018, pero las referencias a la organización como un actor todavía presente siguen formando parte del discurso del PP y Vox. La identificación de Bildu con la banda y el cuestionamiento del alcance de su derrota alimentan las críticas a los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con la coalición abertzale. Ese planteamiento convive con una realidad jurídica: el Tribunal Constitucional permitió concurrir a Bildu a las elecciones de 2011.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, figura entre los dirigentes que más han recurrido a esa equiparación. En sus intervenciones de los últimos años ha atribuido a ETA influencia sobre el poder político y sobre la continuidad del Ejecutivo de Sánchez, vinculándola con los apoyos parlamentarios de Bildu. Alberto Núñez Feijóo también ha establecido esa asociación: en una intervención en el Congreso en marzo, reprochó al presidente del Gobierno sus pactos al relacionar a sus socios con los asesinatos de militantes socialistas.

Otros representantes populares han trasladado ese argumento a las instituciones y a determinadas leyes. La senadora Ana Beltrán sostuvo en 2024 que la organización permanecía presente en las cámaras legislativas y en ayuntamientos vascos y navarros, pese a haber cesado los asesinatos. En 2023, Pedro Rollán vinculó la aprobación de la ley de vivienda con el atentado de Hipercor por el respaldo de Bildu a la norma. Aquel ataque, cometido en Barcelona en 1987, causó 21 muertos y 45 heridos.

El precedente del Constitucional

La decisión del Constitucional de 2011 sobre la candidatura Bildu-Eusko Alkartasuna/Alternatiba marcó una diferencia respecto a anteriores resoluciones que habían impedido la participación de otras formaciones, como Batasuna o Euskal Herritarrok. El tribunal consideró que no se habían acreditado relaciones personales, financieras o de asistencia material de aquella coalición con ETA. También defendió que la ideología de la izquierda abertzale no podía excluirse del ordenamiento democrático sin vulnerar el pluralismo y los derechos fundamentales.

Una segunda línea argumental distingue entre el final de la capacidad terrorista de ETA y la continuidad de algunas de sus aspiraciones políticas. José María Aznar ha reconocido su derrota en el terreno operativo, pero sostiene que parte de sus planteamientos conserva influencia. En un homenaje a las víctimas celebrado en el Senado en junio, defendió que esa derrota todavía debía completarse. Un mes antes, durante un acto en recuerdo de Manuel Giménez Abad, asesinado por ETA, relacionó la permanencia de Sánchez en La Moncloa con los escaños de Bildu y atribuyó el origen de esa representación a la banda.

La senadora Marimar Blanco, hermana del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, también ha diferenciado el éxito policial de una derrota social y política que considera pendiente. Más lejos ha ido Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y actual referente de NEOS, organización desde la que promueve el acercamiento entre PP y Vox. En su libro Una verdad incómoda, publicado en 2026, rechaza que ETA haya sido vencida. En una entrevista en la Cope posterior a su presentación, insistió en atribuirle vigencia y proyección política.

Los pactos y los antecedentes

El enfrentamiento tiene como trasfondo los apoyos de Bildu a las investiduras de Sánchez, mediante votos favorables o abstenciones, y los acuerdos alcanzados con sus gobiernos en asuntos como la vivienda o la reforma de la ley mordaza. El PP contrapone esos pactos a las posiciones anteriores del dirigente socialista, cuando descartaba acuerdos con la coalición. El PSOE y otras fuerzas de izquierda responden recordando las propuestas que defendieron dirigentes populares para integrar al entorno abertzale en la política una vez desaparecida la violencia.

Entre esos antecedentes está la decisión de Aznar, en 1998, de autorizar contactos con el entorno de ETA y ofrecer una respuesta de reconciliación si abandonaba definitivamente las armas. El final de la actividad terrorista llegó en 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con la organización disuelta desde 2018, los acuerdos parlamentarios con Bildu y las distintas interpretaciones sobre la derrota del terrorismo siguen siendo los ejes de esta controversia.

Claves: - ETA dejó la actividad terrorista en 2011 y anunció su disolución en 2018. - Dirigentes del PP y Vox mantienen la identificación política entre Bildu y la banda. - El Constitucional autorizó la candidatura de Bildu en 2011 al no considerar acreditados vínculos con ETA. - Los apoyos de Bildu a Sánchez centran buena parte del enfrentamiento político.