Un español acogido a la ley de nietos pide al Constitucional una actuación urgente para votar el 29-N

Un ciudadano español de origen argentino que obtuvo la nacionalidad mediante la conocida como ley de nietos ha solicitado sumarse al recurso de amparo del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional para poder participar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Representado por el despacho del exjuez Baltasar Garzón, pide dejar sin efecto de forma urgente las medidas cautelares del Tribunal Supremo que afectan a 163.020 electores incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) al amparo de esa norma.

La petición se apoya en las consecuencias irreparables que, según la defensa, tendría impedir el voto en esos comicios. Los abogados argumentan que una resolución favorable posterior a la jornada electoral no permitiría recuperar la oportunidad de participar. Por ello, solicitan que se admita la demanda y se adopten medidas cautelarísimas para garantizar el sufragio antes de que el calendario electoral haga imposible una reparación efectiva.

El escrito defiende que el Constitucional es competente para intervenir porque se cuestionan resoluciones judiciales firmes. Se trata de autos dictados en procedimientos separados sobre medidas cautelares dentro de dos recursos contencioso-administrativos ante la Sala Tercera del Supremo. Para los representantes del ciudadano, esa firmeza justifica acudir al tribunal de garantías, pese al debate sobre si todavía quedan actuaciones pendientes en la jurisdicción ordinaria.

La defensa aporta también un antecedente de participación política del solicitante: en mayo de 2026 votó en las elecciones al Consejo de Residentes Españoles en el Extranjero (CRE). Con ese dato, pretende acreditar que el ejercicio de sus derechos como español ya se había materializado. Además, sostiene que el conflicto tiene una dimensión colectiva, pues considera que las medidas pueden alcanzar a todos los inscritos en el CERA que hayan adquirido la nacionalidad por la ley de nietos.

Los abogados cuestionan asimismo la eficacia del plazo habilitado por el Supremo para que los afectados comparezcan en el procedimiento. A su juicio, esa posibilidad no permitirá modificar las restricciones establecidas en los autos del 10 de septiembre y confirmadas el 12 de octubre. Por ese motivo, respaldan la iniciativa del Defensor del Pueblo y consideran necesaria una decisión urgente del Constitucional que evite que los afectados lleguen a las elecciones sin poder ejercer el voto.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó el viernes pasado su solicitud de suspensión de los autos. Planteó que se acordara mediante una medida cautelarísima, sin oír previamente a las partes, o, de manera alternativa, por el cauce ordinario. Su recurso denuncia una posible vulneración de los derechos fundamentales a la participación política, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, y atribuye al caso una relevancia constitucional singular.

La respuesta del Constitucional está prevista para este miércoles. Aunque la ponencia correspondió por reparto al magistrado Enrique Arnaldo, la admisión del recurso se debatirá en el Pleno. La Sala Segunda solicitó trasladar la decisión al conjunto del tribunal debido a la trascendencia del asunto. Participarán los 12 magistrados, con una mayoría de siete progresistas frente a cinco conservadores.

La primera cuestión que deberán resolver es si la petición de amparo resulta prematura. El Supremo mantiene abierto el procedimiento y concedió cinco días para que los afectados pudieran personarse, una circunstancia que plantea el debate sobre el agotamiento de la vía judicial ordinaria. Frente a ello, la defensa invoca que los autos son firmes y no admiten recurso. La decisión del Pleno determinará cómo se aborda la solicitud de protección del voto antes del 29 de noviembre.

Claves: - Un español nacionalizado por la ley de nietos solicita adherirse al amparo del Defensor del Pueblo. - Las medidas cautelares del Supremo afectan a 163.020 electores incorporados al CERA. - La defensa sostiene que impedirles votar causaría un perjuicio que una sentencia posterior no podría reparar. - El Pleno del Constitucional tiene previsto debatir este miércoles la admisión del recurso.