La jueza reclama documentos secretos sobre Ceuta e Interior defiende que no pudo prever la crisis

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha requerido al Gobierno que desclasifique documentación sobre la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La petición coincide con la explicación remitida por el Ministerio del Interior, que sostiene que no recibió alertas capaces de anticipar la magnitud de lo ocurrido. El departamento defiende que la situación que esperaba podía gestionarse con los efectivos y medios disponibles entonces.

La magistrada reclama al Consejo de Ministros que permita acceder a esa información con urgencia y fija un máximo de 15 días naturales. Considera que resulta necesaria para esclarecer los hechos y que su entrega no compromete la seguridad estatal. Entre sus objetivos está determinar qué responsables conocían la convocatoria de entrada, cuándo tuvieron conocimiento de ella y qué medidas tomaron, además de examinar la actuación de las autoridades marroquíes.

Los avisos y la respuesta institucional

Tardón considera insuficientes las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el Centro Nacional de Inteligencia. Reclama identificar a los destinatarios de sus comunicaciones, conocer los informes elaborados desde el 30 de julio y acceder a los intercambios con los servicios marroquíes relativos a alertas migratorias. También solicita un informe de la inteligencia militar fechado el 4 de agosto y la desclasificación necesaria para interrogar a miembros del CNI que se comunicaron con guardias civiles durante aquellos días.

La investigación comenzó tras una denuncia de Iustitia Europa y abarca tanto la posible existencia de una actuación delictiva organizada desde Marruecos como la gestión española de las alertas y los recursos. En sus declaraciones del martes, tres consejeros ceutíes sostuvieron que las llegadas habían aumentado antes del 30 de julio y que se había informado al Ejecutivo sin recibir ayuda suficiente. La ciudad ha remitido además un documento que cifra en 45 millones de euros los gastos extraordinarios, incluidos refuerzos de seguridad y limpieza.

Dos criterios ante la puerta fronteriza

Las comparecencias también han puesto de manifiesto las discrepancias entre mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El teniente coronel Miguel Lobo declaró que asumió personalmente la decisión de mantener abierta una puerta de la valla y negó haber recibido instrucciones del delegado del Gobierno o de sus superiores. Argumentó que cerrarla podía provocar una acumulación peligrosa de personas, con consecuencias mortales, y empujar a más migrantes a intentar el cruce por mar.

El inspector Lorenzo Juan Fages defendió, en cambio, que debía cerrarse el paso para que las autoridades marroquíes asumieran la responsabilidad. Relató que acudió a El Tarajal tras conocer las entradas a las 10.30 horas del 30 de julio y que solicitó la intervención del jefe policial de Fronteras, sin conseguir el cierre. Fages describió una discusión tensa con Lobo y señaló dificultades de coordinación y de autoridad. El mando de la Guardia Civil sostuvo que la gestión de aquella puerta correspondía a su cuerpo.

Devoluciones y nuevas diligencias

En paralelo a la investigación, el Gobierno ha devuelto a Marruecos a 16 personas llegadas durante la entrada masiva, en su mayoría subsaharianas, después de rechazar sus solicitudes de protección internacional. Interior sostiene que los afectados dejaron transcurrir el plazo de recurso y defiende la legalidad de las devoluciones, cuestionada por asociaciones. Estos casos se suman a los aproximadamente 13.000 regresos registrados desde el 10 de agosto por distintas vías, mayoritariamente considerados voluntarios por el Ejecutivo. En torno a un centenar de quienes entraron el 30 y el 31 de julio ya han obtenido protección internacional.

La Policía ha comenzado también a notificar nuevas denegaciones en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, cuyos destinatarios todavía pueden recurrir. Interior prevé continuar las comunicaciones durante los próximos días, mientras Ángel Víctor Torres ofrecerá datos el miércoles tras la reunión del Comité de Situación en Ceuta. Ese mismo día, Tardón tiene previsto escuchar por videoconferencia a tres ciudadanos marroquíes que cruzaron durante la crisis y que han identificado a autoridades de su país presentes en la frontera.

Claves: - La jueza fija 15 días naturales para desclasificar documentación relevante para la investigación. - Interior afirma que los avisos recibidos no permitían anticipar la dimensión de las llegadas. - Dos mandos discreparon sobre el cierre de una puerta fronteriza durante la entrada. - El Gobierno ha devuelto a 16 migrantes tras denegarles protección internacional y vencer el plazo de recurso.