Fedea cuestiona el reparto de beneficios de los decretos de vivienda y pide una ley ordinaria

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido este miércoles de que los decretos de vivienda del Gobierno favorecen a quienes ya tienen un contrato de alquiler, pero perjudican a los propietarios y a las personas que buscan casa. Las normas están pendientes de convalidación por la Diputación Permanente del Congreso.

El estudio de la fundación sitúa el foco en las diferencias entre los colectivos afectados. Según su valoración, la mejora de las condiciones para los actuales arrendatarios tiene como contrapartida un deterioro de la posición de los dueños de los inmuebles y de quienes todavía no han accedido a una vivienda.

La crítica de Fedea distingue, por tanto, entre la protección de los contratos existentes y la situación de quienes necesitan encontrar un hogar. La entidad considera que los beneficios de estas medidas para el primer grupo se producen en perjuicio de los otros dos.

Sus objeciones no se limitan a los efectos de las normas. La fundación también cuestiona el procedimiento empleado para tramitarlas, en el que aprecia un uso de los mecanismos legales contrario a su finalidad.

Los decretos ya han sido aprobados por el Ejecutivo, aunque aún deben pasar por el trámite parlamentario de convalidación. Ese examen ante la Diputación Permanente constituye el siguiente paso para las medidas sobre las que Fedea ha expresado sus reservas.

De cara a la próxima legislatura, la entidad propone reemplazar esos decretos por una ley ordinaria. Su petición plantea así un cambio en la vía legislativa elegida para regular la vivienda, además de advertir sobre el reparto de sus efectos entre inquilinos, propietarios y personas que buscan alojamiento.

Claves: - Fedea considera que las medidas favorecen a los arrendatarios con contrato vigente. - La fundación advierte de perjuicios para propietarios y personas que buscan vivienda. - Los decretos esperan la convalidación de la Diputación Permanente. - La entidad pide sustituirlos por una ley ordinaria en la próxima legislatura.