Trump eleva la presión electoral sobre California con 28 acusados y una petición para separar votos

La Administración de Donald Trump ha intensificado su pulso con California por el registro electoral a pocos días de las elecciones de medio mandato. Una operación federal desarrollada el lunes terminó con 11 detenidos y otras 17 personas imputadas por inscribirse presuntamente sin derecho a votar y, en algunos casos, por haber votado. En paralelo, el Departamento de Justicia ha pedido a un juez que ordene separar las papeletas de unos 20.000 electores cuya ciudadanía cuestiona, mientras las autoridades estatales denuncian un intento de interferir en los comicios.

Los 28 acusados tienen permiso de residencia permanente, conocido como green card, que autoriza a vivir y trabajar en Estados Unidos, pero no concede el derecho a participar en las elecciones. Por tanto, no responden al perfil de inmigrantes indocumentados señalado por Trump y otros dirigentes republicanos en sus denuncias. Los cargos tampoco acreditan las afirmaciones sobre un fraude generalizado favorable a los demócratas ni sobre la presencia de fallecidos y personas trasladadas a otros Estados en las listas de votantes.

Dos vías de actuación federal

El dispositivo, denominado Operación Proteger el Voto, contó con la participación de los cuatro distritos judiciales federales de California: Sur, Este, Centro y Norte. Los acusados residen en distintas localidades, desde San Diego hasta San Francisco, y podrían afrontar penas de hasta cinco años de cárcel. El vicefiscal general Trent McCotter afirmó que al menos ocho habrían votado en más de una ocasión y que algunos lo hicieron en las primarias de junio de 2026. Los 28 están incluidos entre los aproximadamente 20.000 electores investigados por el Gobierno federal.

La actuación penal se suma a una demanda presentada el jueves por Justicia contra responsables electorales de California, a quienes reprocha no colaborar en la comprobación de más de 20.000 inscripciones potencialmente irregulares. El lunes, el Distrito Central solicitó además una medida cautelar a un juez federal de Los Ángeles para mantener separadas las papeletas de esos electores mientras se verifica su ciudadanía. McCotter defendió esta petición como una forma de impedir que personas sin nacionalidad estadounidense participen en elecciones federales.

La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y el responsable electoral de Los Ángeles, Dean Logan, rechazan los requerimientos federales. Ambos sostienen que existen controles suficientes sobre las inscripciones y alegan que la actuación de Justicia vulnera una norma que impide a los Estados modificar los registros electorales durante los 90 días anteriores a una votación. El gobernador Gavin Newsom, por su parte, ha acusado a Trump de instrumentalizar el Departamento de Justicia para dificultar que los californianos ejerzan su derecho al voto.

Un conflicto con consecuencias para el Congreso

La disputa llega en un momento de especial relevancia política. California es un territorio de fuerte implantación demócrata, y el candidato republicano a gobernador, Steve Hilton, aparece por detrás en todas las encuestas, incluidas las sufragadas por su campaña. En las elecciones a la Cámara de Representantes, los demócratas aspiran a ganar cinco escaños adicionales en el Estado después de una remodelación excepcional de las circunscripciones. Esos resultados pueden contribuir a su objetivo de recuperar el control del Congreso.

Trump ha cuestionado reiteradamente las garantías del sistema electoral californiano y ha promovido mayores exigencias documentales para acreditar la ciudadanía al registrarse y votar en elecciones federales. Las autoridades estatales, a su vez, han expresado temor a posibles despliegues de militares o agentes federales en los centros de votación y a la incautación de papeletas. En los últimos meses, Newsom ha firmado 13 leyes de protección electoral. Entre ellas figura la AB 282, que convierte en delito grave la incautación de papeletas, registros o máquinas de votación antes de la certificación de los resultados.

El siguiente paso del enfrentamiento pasa por los tribunales, donde Justicia busca obtener la separación cautelar de los votos cuestionados mientras avanzan los procedimientos contra los 28 acusados. La proximidad de las elecciones reduce el tiempo disponible para comprobar las sospechas federales. Entretanto, Weber y Logan mantienen su rechazo a las exigencias del Gobierno, y California defiende las garantías de su sistema frente a una intervención que considera injustificada.

Claves: - La operación federal se salda con 11 detenidos y otros 17 imputados, todos residentes permanentes. - Justicia pide separar las papeletas de unos 20.000 electores mientras comprueba su ciudadanía. - California defiende sus controles y esgrime la prohibición de modificar los registros en los 90 días previos a votar. - Los cargos anunciados no demuestran un fraude electoral generalizado.