La espera en dependencia baja a 134.734 personas y el Gobierno fija su eliminación como meta para 2028

La lista de espera de la dependencia se situó al cierre del tercer trimestre de 2026 en 134.734 personas, el nivel más bajo registrado, según los datos presentados por el Gobierno. La cifra supone un descenso del 22,7% respecto al año anterior, equivalente a casi 40.000 personas. Al mismo tiempo, el número de beneficiarios que reciben una prestación alcanzó los 1.748.901, un 61% más que cinco años atrás.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la secretaria de Estado del área, Rosa Martínez, presentaron este lunes el balance del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El indicador de espera contabiliza únicamente a quienes llevan más de seis meses sin recibir una prestación o un servicio. Ese era el plazo legal para que las comunidades autónomas completaran el procedimiento, reducido a un máximo de tres meses con la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

Más financiación y menos demora

Bustinduy vinculó la evolución del sistema al aumento de los recursos destinados a las autonomías. Entre julio y septiembre, las comunidades recibieron más de 700 millones de euros adicionales a través del nivel mínimo de financiación. El ministro defendió que ese refuerzo ya está contribuyendo a ampliar la cobertura y a agilizar la gestión, aunque reconoció que mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la dependencia sigue siendo una tarea pendiente.

Los plazos administrativos también se han acortado. El tiempo medio transcurrido entre la solicitud y la resolución de la prestación disminuyó 21 días durante el último trimestre, la mayor reducción trimestral registrada, y 48 días en comparación con un año antes. Las diferencias territoriales, no obstante, siguen siendo amplias: Ceuta presenta una demora de 75 días, Aragón de 109 y Castilla y León de 120, frente a los 529 días de Murcia, los 413 de Asturias y los 402 de Andalucía.

Una evolución desigual entre territorios

En el conjunto del país, la lista descendió cerca de un 6% durante el trimestre. Cataluña registró la mayor reducción en términos absolutos, con 4.973 personas menos, seguida de Asturias, con 2.472, y Andalucía, con 1.125. La evolución fue la contraria en el País Vasco, donde aumentó en 263 personas; Castilla-La Mancha, con 181 más, y Cantabria, con un incremento de 172.

La comparación cambia cuando se mide la espera en relación con la población potencialmente dependiente. Murcia presenta la proporción más elevada, un 4,7%, por delante de Cataluña, con un 3,6%, y Extremadura, con un 2,8%. En el extremo opuesto se encuentran Castilla y León, con un 0%, Aragón, con un 0,19%, y Galicia, con un 0,24%. Estos porcentajes corresponden al criterio de espera empleado en el balance, centrado en quienes superan los seis meses.

El descenso prolonga la tendencia iniciada en 2020, que se ha intensificado durante el último año. En cinco años, el número de personas pendientes de atención se ha reducido en 176.711, un 56,7%. El Ministerio destacó que esta evolución se ha producido mientras avanzaba el envejecimiento de la población y aumentaba la demanda de apoyos, un contexto en el que también ha crecido el número de personas atendidas.

El objetivo que plantea ahora el Gobierno es eliminar las listas de espera en 2028. Para avanzar hacia esa meta, Bustinduy pidió a las comunidades que utilicen la financiación adicional para acelerar la atención. La reducción del plazo legal a tres meses y los nuevos recursos sitúan la agilización de los procedimientos entre las prioridades de esta etapa, junto con la mejora de las condiciones de los trabajadores del sector.

Claves: - La lista contabiliza 134.734 personas con más de seis meses de espera, un 22,7% menos que un año antes. - El sistema atiende con una prestación efectiva a 1.748.901 personas. - Las autonomías recibieron más de 700 millones adicionales entre julio y septiembre por el nivel mínimo. - El Gobierno aspira a eliminar la espera en 2028, aunque persisten importantes diferencias territoriales.