El Supremo obliga al Gobierno a cerrar la compensación por la R-3 y la R-5 tras anular dos liquidaciones

El Tribunal Supremo ha anulado las liquidaciones de 2021 y 2023 con las que el Gobierno calculó la compensación por el final anticipado de la concesión de las autopistas madrileñas R-3 y R-5. La sentencia, fechada el 6 de octubre, acepta parte del recurso presentado por fondos de titulización y entidades financieras acreedoras y reclama al Ejecutivo que determine ya la responsabilidad patrimonial definitiva. El fallo no fija una indemnización ni obliga a abonar una cantidad concreta.

Los recurrentes solicitaban más de 918 millones de euros, pero el tribunal ha rechazado las demás pretensiones de su demanda. La decisión obliga a resolver el cálculo de la compensación, sin dar por válida la cifra defendida por los acreedores. La controversia gira en torno a la responsabilidad patrimonial de la Administración, conocida como RPA, mediante la que se reconoce el importe correspondiente a las inversiones realizadas cuando una concesión concluye antes de lo previsto.

Un nuevo revés a los cálculos del Ejecutivo

El Consejo de Ministros aprobó la primera liquidación en diciembre de 2021 y otra complementaria en diciembre de 2023, con la que trató de incorporar las correcciones derivadas de resoluciones judiciales anteriores. Esta segunda decisión preveía un abono a cuenta de unos 450 millones de euros a Accesos de Madrid, la sociedad concesionaria, y mantener retenidos provisionalmente otros 92 millones. Ambas liquidaciones quedan ahora sin efecto.

El pronunciamiento se suma a otros dos fallos sobre este mismo conflicto. En enero, el Supremo dio parcialmente la razón a Accesos de Madrid en su impugnación de la liquidación complementaria de 2023. En junio también acogió en parte el recurso de la constructora Sacyr contra ese cálculo. Al resolver ahora la reclamación de los acreedores, la Sala de lo Contencioso-Administrativo vuelve a invalidar la liquidación complementaria y extiende la anulación a la aprobada en 2021.

Durante el procedimiento, la Abogacía del Estado discutió que los fondos y las entidades financieras estuvieran legitimados para recurrir. El Supremo no comparte esa objeción: considera que su condición de acreedores afectados por el rescate les permite impugnar el modo en que se ha calculado la compensación. Estas entidades habían adquirido deuda ligada a la concesión, por lo que el resultado de la liquidación afecta a sus intereses.

De una concesión de 50 años a la insolvencia

El origen del litigio está en el contrato adjudicado en 1999 para construir, conservar y explotar la R-3, que conecta Madrid con Arganda del Rey, y la R-5, entre la capital y Navalcarnero, además de un tramo de la M-50. Las autopistas entraron en servicio en 2004 y la concesión debía prolongarse durante 50 años. La caída del tráfico después de la crisis económica de 2008 hizo inviable el proyecto y la concesionaria acabó en situación de insolvencia.

En noviembre de 2017 se abrió la fase de liquidación del concurso de acreedores. Desde entonces, la determinación de la compensación por la terminación anticipada del contrato ha dado lugar a sucesivos acuerdos administrativos y recursos judiciales. En su nueva resolución, el Supremo reprocha al Gobierno que, conforme a la secuencia de actuaciones que él mismo había previsto, aprobara una liquidación complementaria en lugar de cerrar el cálculo definitivo.

El siguiente paso corresponde al Ejecutivo, que deberá determinar esa responsabilidad patrimonial definitiva. Aunque el tribunal aprecia que se han excedido ampliamente los plazos previstos para las actuaciones previas, no acepta la petición de declarar la inactividad de la Administración mediante la vía elegida por los demandantes. Así, el fallo exige culminar la liquidación, pero no convierte la reclamación económica de los acreedores en una obligación de pago por el importe solicitado.

Claves: - El Supremo invalida las liquidaciones aprobadas en diciembre de 2021 y de 2023. - Los acreedores reclamaban más de 918 millones, pero la sentencia no reconoce esa cantidad. - El tribunal admite su derecho a recurrir y rechaza las demás pretensiones de la demanda. - El Gobierno deberá cerrar el cálculo definitivo de la responsabilidad patrimonial.